SANDRA MONTES:
La chica secuestrada durante 18 años pide perdón a sus padres
El secuestrador ve una relación reconfortante en su trato con Jaycee y las niñas
Tuvo dos hijas fruto de las repetidas violaciones que sufrió
Se llama Jaycee Lee Dugard y desapareció en 1991
28.08.09 | 06:08h. INFORMATIVOS TELECINCO / AGENCIAS |
Y ADEMÁS...
• El lugar donde Jaycee vivió 18 años secuestrada
Lee fue raptada en la calle y ante los ojos de su padrastro cuando tenía en 11 años, y permaneció en paradero desconocido durante 18 años. El mismo que ahora ha vuelto a encontrarse con ella, y ha percibido el enorme cargo de culpabilidad que pesa sobre Lee. "Ella está muy arrepentida", dijo su padrastro, Carl Probyn. "Ella se siente muy culpable por la vinculación con este hombre".
Los agentes han comunicado que durante ese tiempo la víctima, ahora de 29 años, dio a luz a dos bebés cuya paternidad correspondería supuestamente a alguno de sus secuestradores y son fruto de las interminables violaciones que sufrió la joven. "Tengo hijos", fue lo primero que Lee dijo a su madre, Terry Probyn, cuando se reunieron.
Caso archivado durante dos décadas
La policía la encontró mientras investigaban otro caso
Las autoridades se pusieron en contacto con la madre de Jaycee Lee, Terry Probyn. El marido de Probyn, Carl, asegura a los medios locales que su esposa le había llamado inmediatamente después de hablar con la joven. "Ella me dijo: 'Han encontrado a Jaycee. Está viva'. En ese momento empezamos a llorar durante dos minutos", dijo Carl Probyn, que aseguró que su mujer está convencida de que se trata de su hija y que "se acuerda de todo", un criterio compartido por la policía. "Estamos un 99 por ciento seguros de que es su hija", indicó Lovell. BQM / IM
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/chica-secuestrada-anos-perdon-padres_0_1019898036.html
El dret violentat en aquest cas es el dret reflexat en el Article 7 anomenat dret a la llibertat personal, en el que:
1. Tota persona té dret a la llibertat ia la seguretat personals.
2. Ningú pot ser privat de la llibertat física, excepte per les causes i en les condicions fixades per endavant per les Constitucions Polítiques dels estats part o per les lleis dictades acord amb aquestes.
3. Ningú pot ser sotmès a detenció o empresonament arbitraris.
4. Tota persona detinguda o retinguda ha de ser informada de les raons de la detenció i notificada immediatament, del càrrec o càrrecs formulats contra ella.
5. Tota persona detinguda o retinguda l'han de dur, sense demora, davant un jutge o un altre funcionari autoritzat per la llei per exercir funcions judicials i té dret a ser jutjada en un termini raonable oa ser posada en llibertat, sense perjudici que continuï el procés . La seva llibertat pot estar condicionada a garanties que assegurin la seva compareixença en el judici.
6. Tota persona privada de llibertat té dret a recórrer davant un jutge o tribunal competent, per tal que aquest decideixi, sense demora, sobre la legalitat del seu arrest o detenció i n'ordeni la llibertat si l'arrest o la detenció fossin il·legals. Als Estats parts les lleis preveuen que tota persona que es veiés amenaçada de ser privada de llibertat té dret a recórrer a un jutge o tribunal competent per tal que aquest decideixi sobre la legalitat de tal amenaça, aquest recurs no pot ser restringit ni abolit. Els recursos poden interposar per si o mitjançant un altre.
7. Ningú no serà detingut per deutes. Aquest principi no limita els mandats d'autoritat judicial competent dictats per incompliments de deures alimentaris.
MIGUEL VERDEGUER:
Transnacionales mineras: Depredación ecológica y violación de derechos humanos
América Latina, fuente histórica de ‘recursos naturales’ para el abastecimiento de la gran maquinaria industrial del mundo, vive hoy los efectos de empobrecimiento, devastación ecológica y violación de derechos provocados, paradójicamente, por sus grandes riquezas naturales. Tal lo que está ocurriendo concretamente con la gran minería, desde fines del siglo pasado a nuestros días. Una gran oleada de inversiones desatada tras la conveniente ‘modernización’ de la legislación minera impuesta por el Banco Mundial en la región, ha creado las condiciones para que las grandes corporaciones transnacionales que controlan las cadenas de valor de la minería mundial hicieran de la región un territorio dilecto de aprovisionamiento de tales recursos estratégicos.
Las históricas desigualdades ecológicas y económicas del mundo se profundizan a través de la creciente radicación de grandes explotaciones mineras verificadas en la región en las últimas décadas. A pesar de que América Latina tiene uno de los índices más bajos de consumo de minerales per cápita, representando en conjunto poco menos del 5 % del consumo mundial, se ha convertido en uno de los principales centros de abastecimiento de la demanda mundial de estos recursos no renovables. La escasez relativa creciente de los mismos ha incrementado las cotizaciones, las maniobras especulativas y la carrera de empresas y países por hacerse de un negocio que crece a la par de la violación de derechos y la destrucción de ecosistemas.
Una geografía de la extracción (radicada principalmente en los países del Sur) completamente diferente a la geografía del consumo de minerales (Europa Occidental, América del Norte y los países industrializados del Sudeste Asiático concentran el 85 % del consumo mundial de minerales) constituye una ecuación clave de las nuevas formas de imperialismo ecológico y racismo ambiental. Las grandes empresas transnacionales constituyen un actor fundamental en el conjunto de este andamiaje global.
Así, la minería transnacional a gran escala se ha convertido en América Latina en una de las actividades más resistidas y en una fuente permanente de conflictos sociales. Es que las poblaciones conocen ya en ‘carne propia’ los efectos de este tipo de explotaciones: destrucción de ecosistemas y hábitats enteros, desplazamiento y destrucción de flora y fauna, pérdida de biodiversidad; afectación y contaminación de fuentes y cursos de agua, anegamiento de suelos agrícolas, fuerte incremento de emisión de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes atmosféricos.
FRAN ASINS:
Francesca Del Mese, abogada habilitada ante los tribunales británicos, cursó estudios en la Universidad de Queensland, Australia, en 2002-2004, en usufructo de una Beca de Rotary pro Paz, con el patrocinio del Club Rotario de Watford, Inglaterra. En el marco de su experiencia de trabajo práctica, trabajó en el Tribunal Especial de la ONU para Sierra Leona y, posteriormente, tomó parte en los juicios contra criminales de guerra de la ex Yugoslavia, en La Haya, donde en calidad de asesora, impartió capacitación en derecho penal internacional a un grupo de jueces de Jordania.
Del Mese es una de los más de 600 ex becarios que impulsan la paz en sus comunidades y naciones tras concluir sus estudios en los Centros pro Paz. Este año se cumplen los primeros 10 años del programa de Centros de Rotary para Estudios Internacionales sobre la paz y la resolución de conflictos .
En 2007, Del Mese viajó a Uganda para asesorar a una entidad no lucrativa de Londres respecto a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil que sufrió dicho país durante 20 años. Del Mese entrevistó a gran parte de los 30.000 niños ugandeses que fueron secuestrados durante el conflicto.
“Generalmente los rebeldes se los llevaban en medio de la noche. Asesinaban a su familia en frente de ellos, y después los apaleaban y forzaban a combatir durante varios años, hasta que los liberasen o ellos mismos lograran fugarse”, afirma Del Mese.
Al quedarse sin escolarización, los niños que regresaban se tenían que contentar con trabajos muy humildes con salarios bajísimos.
“Sin educación les resultaba prácticamente imposible conseguir un trabajo mejor", indica Del Mese. Aunque “muchos de los entrevistados querían ser maestros, sastres, constructores, contadores, etc.”.
El pasado año, Del Mese fue nombrada asesora legal, con sede en Ginebra, de la Comisión de la ONU para la investigación de las atrocidades cometidas en Siria. Aunque ha regresado a su antiguo domicilio en la zona de Londres, le ha sido muy difícil sobreponerse a la terrible impresión de examinar los numerosos casos de torturas.
Los becarios y ex becarios pro Paz de Rotary, otros ex becarios de La Fundación Rotaria y los rotarios, tendrán oportunidad de enterarse de los últimos avances en cuanto a la paz y la resolución de conflictos y aprender de los expertos durante el Simposio de Rotary pro Paz Mundial en Bangkok, Tailandia. Este evento tendrá lugar conjuntamente con la Celebración para ex Becarios de Rotary, del 3 al 5 de mayo, inmediatamente antes de la Convención de RI de 2012.
XIOMARA RUIZ:
En horas de la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), entre ellos, Santiago Martín Rivas y otros integrantes -en su mayoría del denominado Grupo Colina- irrumpieron, encapuchados y armados, en las viviendas de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta.
Una vez que los militares ingresaron a las residencias estudiantiles, obligaron a todos los estudiantes a salir de sus dormitorios y a echarse en posición de cubito ventral. Uno de los efectivos procedió a levantar la cabeza de cada uno de los estudiantes, tomándolos por el cabello y separando a los que finalmente fueron detenidos, siendo éstos: Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa.
Después de estas acciones, los militares ingresaron en forma violenta a la vivienda del profesor Hugo Muñoz Sánchez, trepando por la pared que da al patio y destrozando la puerta de servicio. Luego amordazaron al profesor Muñoz Sánchez y le cubrieron la cabeza con un pantalón negro. Algunos de los atacantes revisaron el dormitorio e impidieron que su esposa saliera de dicho dormitorio. Los efectivos militares procedieron a llevarse a la fuerza al profesor Muñoz Sánchez, quien al momento se encontraba descalzo y con el torso desnudo. El operativo fue filmado por uno de los captores. En el camino de la casa del profesor Muñoz Sánchez a la puerta de ingreso a las residencias de los docentes, algunos testigos, entre ellos el señor Octavio Mejía Martel y su esposa, intentaron intervenir en su favor, pero fueron encañonados y obligados a retirarse.
Los militares se retiraron de la universidad, llevándose al profesor Muñoz Sánchez y a los nueve estudiantes mencionados anteriormente.
Los cadáveres de las víctimas fueron enterrados clandestinamente, y recubiertos con cal en tres fosas en la zona denominada Cerro Santa Rosa, Km. 1.5 de la autopista Ramiro Prialé, propiedad de Sedapal. Posteriormente, y a raíz de una denuncia pública formulada por el congresista Henry Pease, los autores materiales del asesinato procedieron a desenterrar los cuerpos, a incinerarlos y a trasladarlos a nuevas fosas clandestinas, ubicadas en Chavilca, Cieneguilla.
Una vez que los militares ingresaron a las residencias estudiantiles, obligaron a todos los estudiantes a salir de sus dormitorios y a echarse en posición de cubito ventral. Uno de los efectivos procedió a levantar la cabeza de cada uno de los estudiantes, tomándolos por el cabello y separando a los que finalmente fueron detenidos, siendo éstos: Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa.
Después de estas acciones, los militares ingresaron en forma violenta a la vivienda del profesor Hugo Muñoz Sánchez, trepando por la pared que da al patio y destrozando la puerta de servicio. Luego amordazaron al profesor Muñoz Sánchez y le cubrieron la cabeza con un pantalón negro. Algunos de los atacantes revisaron el dormitorio e impidieron que su esposa saliera de dicho dormitorio. Los efectivos militares procedieron a llevarse a la fuerza al profesor Muñoz Sánchez, quien al momento se encontraba descalzo y con el torso desnudo. El operativo fue filmado por uno de los captores. En el camino de la casa del profesor Muñoz Sánchez a la puerta de ingreso a las residencias de los docentes, algunos testigos, entre ellos el señor Octavio Mejía Martel y su esposa, intentaron intervenir en su favor, pero fueron encañonados y obligados a retirarse.
Los militares se retiraron de la universidad, llevándose al profesor Muñoz Sánchez y a los nueve estudiantes mencionados anteriormente.
Los cadáveres de las víctimas fueron enterrados clandestinamente, y recubiertos con cal en tres fosas en la zona denominada Cerro Santa Rosa, Km. 1.5 de la autopista Ramiro Prialé, propiedad de Sedapal. Posteriormente, y a raíz de una denuncia pública formulada por el congresista Henry Pease, los autores materiales del asesinato procedieron a desenterrar los cuerpos, a incinerarlos y a trasladarlos a nuevas fosas clandestinas, ubicadas en Chavilca, Cieneguilla.
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